Mujeres extrajeron luga roja con bote de la organización, estando autorizadas a extraer el recurso, pero fueron sancionadas por llegar tarde a informar las capturas, siendo denunciadas en los tribunales de justicia y por lo que deberán pagar 3 UTM (Unidad Tributaria Mensual), más los honorarios de abogados de Sernapesca.
Una muestra más del errático accionar en materia de fiscalización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA, es lo que le sucedió al Sindicato de pescadores artesanales La Pampina, en la región de Los Lagos, integrado casi exclusivamente por mujeres pescadoras conocidas nacionalmente por sus emprendimientos con algas, mermeladas y snacks de cochayuyo.
Lo que comenzó como un día más de trabajo, extrayendo luga (que luego vendieron el 180 mil pesos), en su bote “Joyita” matrícula MAU 4302, se tornó en el mayor dolor de cabeza, al ser denunciadas por el Servicio por entregar fuera de plazo la declaración de desembarque.
La fiscalización ocurrió en la oficina de Puerto Montt, cuando la secretaria del sindicato concurrió a las oficinas del Servicio a cumplir con su obligación de informar y que además, y como se acreditó en tribunales, la demora se justificó en la salud de la directora del sindicato que le impidió viajar los 100 km que separan el sector de la Pampina en la comuna de Los Muermos con las oficinas del Servicio en Puerto Montt.
Para este sindicato, objeto de permanentes hurtos desde su área de manejo, la denuncia que los ha afectado, solo muestra que la fiscalización opera solo por revisión de documentos y centrado en los pescadores artesanales. “Se nos sanciona por cometer errores que seguramente una empresa industrial no comete porque para eso tienen equipos para cumplir con la ley en los papeles” señaló una de las socias afectadas.
“No existe ningún incumplimiento a normativa relacionada con la conservación del recurso que justifique sancionar de esta manera una declaración extemporánea, no estamos en el caso de una pesquería o de actividades de acuicultura, que sí justifican la entrega dentro de plazos breves. Este caso no ameritaba denuncia en tribunales”, señaló Cristian Tapia, abogado del Sindicato.
Y agregó, “este caso revela que es necesaria la revisión integral del sistema sancionatorio que contiene la ley de pesca, para excluir infracciones menores del ámbito judicial, establecer un procedimiento administrativo expedito y que garantice el debido proceso a los pescadores y establecer facultades para los tribunales, para casos de primera infracción o cumplimientos alternativos a la prisión efectiva, en caso de no poder pagar las altísimas multas que afectan al sector extractivo.”
Por su parte, la presidenta de Conapach, Zoila Bustamante, señaló que “en este contexto, la llamada ley de modernización del Sernapesca que busca aumentar la planta de fiscalizadores y tipificar pesca ilegal en fases de transporte, proceso y comercialización solo genera incertidumbres, ya que hoy se fiscaliza a los artesanales y son los artesanales los que hoy tienen emprendimientos de proceso informales y que se verán afectados por las nuevas infracciones y delitos que contempla el proyecto. En ese sentido, más fiscalizadores para partear desde la comodidad de un escritorio, no gracias”.