La preocupación proviene de la posibilidad que tiene cualquier organización de detener vía judicial los decretos emitidos por la Subsecretaría de Pesca, válidamente emitidos previa consulta al respectivo Comité de Manejo y que en la actualidad estaría perjudicando gravemente la actividad pesquera en torno a unas de las pocas pesquerías declaradas altamente migratorias, el bacalao.

A la espera de la defensa que pueda hacer la actual subsecretaria de Pesca, Alicia Gallardo, ante el recurso de protección presentado por una organización de armadores artesanales de Iquique en el Tribunal de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, se encuentran pescadores bacaladeros de varias regiones de Chile, respecto a la orden de no innovar emitida por el poder judicial y que no estaría permitiendo la realización de sus faenas de pesca, como históricamente lo han hecho.

Y es que llevan ya algunos años con la constante presentación de este tipo de acciones legales, que no permiten la operación de embarcaciones proveniente de otras regiones en el norte del país, lo que a juicio de los pescadores artesanales, pondría en peligro la gobernabilidad que tiene el sector pesquero a través de sus comités de manejo, de establecer cuotas y períodos de pesca, considerando las características de una de las dos pesquerías declaradas “altamente migratorias”, como es el bacalao.

Esta condición especial de migratoriedad que tiene el bacalao, que también posee la pesquería de la albacora, permite a embarcaciones de todo Chile desplazarse más allá de sus respectivas regiones para realizar las faenas a lo largo de todo el territorio nacional, previo establecimiento de la apertura de temporada de pesca y distribución de cuotas regionales por historia del esfuerzo pesquero.

“Lo paradójico de la demanda que ellos presentan es que se señala, en las 20 páginas del recurso, que ellos están de acuerdo en casi todo lo que contiene el decreto, salvo una oración que tiene que ver específicamente con la resolución N° 139 del año 1992, que tiene que ver con que el bacalao es migratorio, por lo tanto se puede pescar a lo largo de todo Chile” sostuvo Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule (BAMAULE) y representante de la Federación Nacional de Bacaladeros de Chile, FENABACH para el recursos judicial en particular. 

Agregó, “el tribunal, dentro de sus facultades, acoge el recurso y le da instrucción a la subsecretaría de no innovar, por lo tanto, eso significa que mientras que se revisen los procesos administrativos, las embarcaciones no pueden salir a pescar, salvo dentro de sus regiones de inscripción, donde tiene inscrito su RPA (Registro Pesquero Artesanal) en el recurso bacalao, cambiando el status de altamente migratorio a regional, mientras se revisa y se resuelve si la subsecretaría cumplió con los procesos de una resolución”, enfatizó Urrutia.

En este contexto, la dirigenta señaló además que la presentación del recurso legal se ha venido repitiendo en los últimos 5 años por una organización donde su presidente y su tesorero forman parte del Comité de Manejo, cuya única finalidad es que las embarcaciones no salgan a pescar. 

“Eso ha generado un daño significativo no solo en el tema de la pesquería. El daño que significa revisar esta situación, la verdad es que en términos pesqueros  es una cuestión “grave gravísima”, porque en Chile solo hay dos pesquerías declaradas legalmente altamente migratorias y que permite desplazarse  a lo largo de todo Chile, que son el bacalao y la albacora”, enfatizó la representante de los bacaladeros.

En ambos casos, según expresó Urrutia,  existen tratados internacionales, en este caso la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, donde este recurso en específico tiene un manejo especial, con cumplimientos y propósitos especiales, donde tanto la subsecretaría como los mismos pescadores, deben cumplir con las disposiciones que ella contiene.

La dirigenta señaló también, que el bacalao es  una de  la pesquería más reguladas que existe en la actualidad, con la vigilancia del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), observadores científicos, el Servicio Nacional de Pesca y acuicultura (Sernapesca), control desde el sistema de monitoreo  de Embarcaciones (VMS) y la pronta instalación de cámaras a bordo, por lo que se considera una de las flotas que se ha enfocado a cumplir con las exigencias de los mercados internacionales en todas sus formas.

“Nada más decir que esta medida generó un daño significativo, a nivel de los trabajadores, ya que hay más de 15 embarcaciones que ya estaban operando, algunas de ellas con más de 400 millas de desplazamiento desde sus zonas de origen, con material en el agua y que se ha visto interrumpida, con orden desde el Sernapesca de volverse a sus regiones o bien llegar a puerto para desembarcar la captura que se había realizado antes que el tribunal diera la orden de no innovar”, puntualizó.

“Hay una preocupación a nivel general desde los pescadores que han realizado sus faenas bacaladeras en forma regular desde hace 40 años, son muchas familias que hay detrás, son los costos de armadores que tienen sus zarpes ya armados”, enfatizando en que existen compromisos comerciales con plantas de proceso, para satisfacer una demanda comercial internacional que no va a poder ser satisfecha, lo que perjudica el mercado, produce un daño en la imagen país respecto de tratados y convenios internacionales, desde el punto de vista del manejo pesquero, biológico y de las relaciones interpersonales entre pescadores artesanales.

Ante la consulta sobre las posibles salidas del conflicto, la dirigenta bacaladera señaló que piensa que el recursos de protección no se va retirar porque la subsecretaría de Pesca convocó a un Comité de Manejo extraordinario, agradeciendo que no siendo parte de él la hayan invitado a escuchar. “Las posturas son bastante intransigentes, no hay una señal en términos de flexibilizar la medida o eliminar la demanda, se ve salida a esta situación”.

“Lo que nosotros esperamos es que, y tenemos fe y confianza en eso, la subsecretaría responda en forma contundente, rápida y eficaz a la medida presentada y a las preguntas que le está haciendo la corte de apelaciones de Iquique (…) Creemos que sí es una normativa que lleva más de 30 años y se descubre en último minuto que está fuera de la ley o hay un acto viciado, no se comprende porque no se recurrió a la Contraloría General de la República”,indicó Urrutia.

La representante de FENABACH culminó diciendo que están en análisis las acciones legales que se puedan emprender como sector. “Esta situación se está haciendo insostenible y la verdad es que son cientos de familias detrás, que nos están consultando periódicamente por este hecho”, aludiendo a que por otro lado armadores que no están afiliados a organizaciones puedan infringir la ley por desconocimiento, a raíz de lo cual  hacen un llamado a las autoridades a mejorar la comunicación y difusión entre todos los actores involucrados.

“Nos preocupa significativamente que la señal que están dando este grupo de pescadores artesanales se difunda y se utilice en otras pesquerías. ¿Se imagina usted el colapso y la ingobernanza que se produciría si cada resolución que emite la subsecretaría fuera enviada a tribunales? Porque podría ser que cuando uno no llega a acuerdo en un Comité de Manejo, inmediatamente contrate a un abogado para presentar un recurso de protección en tribunales, deteniendo la actividad antojadizamente”, aseveró Urrutia.