Pescadores artesanales y la comunidad de Calbuco esperan pronto fallo judicial por...

Pescadores artesanales y la comunidad de Calbuco esperan pronto fallo judicial por el derrame de petroleo en la planta Copec – Calbuco

935
0
Compartir

El juez de la causa ordenó un  peritaje naval como medida para resolver. La designación recayó en el Almirante José Romero Aguirre para que le ayude a la Justicia a determinar la magnitud  y duración de los daños causados a los demandantes y al mar de Calbuco

copec-660x350Luego de 4 años de tramitación, los pescadores artesanales y acuicultores afectados por el derrame de petróleo ocurrido desde la planta de Copec en Calbuco, que contaminó la poza Pureo, creen que se encuentran cerca de que el tribunal dicte sentencia, ya que se encuentra en la última diligencia ordenada por el ministro de la I. Corte Apelaciones de Puerto Montt que actúa como tribunal de primera instancia.

Los hechos ocurrieron el mismo día de la inauguración de la planta, en que por fallas de los materiales e instalación el día 6 de septiembre de 2011 se produjo un derrame de 37.000 litros de petróleo, el cual escurrió por canales de aguas lluvias, ante la inexistencia de pretiles de contención en el lugar, llegando al mar en el sector Poza Pureo, afectando a los pescadores artesanales y habitantes del sector de Pureo, como a los acuicultores del canal Caicaen.

Por disposición de la autoridad sanitaria y ante el riesgo para la salud de la población se resolvió prohibir la extracción y consumo de recursos marinos provenientes de la poza Pureo, sector que estuvo 10 meses con prohibición absoluta de extracción, afectando especialmente a las mujeres que viven en el lugar y que recolectan en Pureo los mariscos que luego venden en las ferias de Puerto Montt y Calbuco.

Para  los pescadores artesanales del Sindicato de Pureo “es lamentable que deban litigar con un gigante como es el grupo Angelini y la empresa Copec, en un caso tan grave como el derrame de petróleo ocurrido en Calbuco, y respecto del cual, la ley establece claramente que “él que contamina paga”, independientemente del dolo o la negligencia con la que haya actuado la empresa o sus agentes.