Argumentan que la ley fue aprobada tras un extenso trámite tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado
En declaración pública, los dirigentes de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia (Fipasur) mostraron su descontento ante la iniciativa congresista que busca anular la Ley N°20.657 que modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) en el año 2012 durante el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera.
La Fipasur recordó que la Ley de Pesca en su primer trámite en la Cámara de Diputados “ingresó como mensaje del Ejecutivo, siendo la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos la cual tuvo la responsabilidad de discutir la propuesta. Hubo informes de las comisiones de Pesca y de Hacienda, además de informes financieros y discusión y votación en la sala de diputados”, argumentó la entidad de pesca artesanal.
Ahondó que en su segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto fue visto primero por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y acuicultura, posteriormente hubo informes de las comisiones de Hacienda y de Pesca unidas. Pasó a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y posteriormente a trámite en comisión mixta Senado–Cámara de Diputados; y como última etapa antes de ser publicada la ley en el Diario Oficial pasó a trámite Constitucional.
En ese sentido, la Fipasur dijo querer “dejar claro ante la opinión pública que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ingresó a discusión en la Cámara de Diputados y actuó como cámara revisora el Senado y además fue revisado constitucionalmente. Es por esto que anular o derogar una ley aprobada por el Congreso Nacional bajo la presunción de que la ley es ‘producto del cohecho y la corrupción’ significaría dejar un precedente histórico que todos los congresistas -diputados y senadores- que votaron positivamente cada uno de los artículos aprobados fueron sobornados y son todos corruptos, situación que daría pie a suponer que todas las leyes que han sido aprobadas en el Congreso Nacional son producto del soborno y la corrupción y por tanto también habría que anularlas”, argumentó la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia.
Y agregaron, “por lo cual hacemos un llamado a la Presidenta, al Gobierno y especialmente a los parlamentarios de la Nueva Mayoría a poner orden y cordura y cumplir con Programa de Gobierno en materia de pesca, y llamamos a los parlamentarios a no dejarse amedrentar por un grupo minoritario de seudos dirigentes artesanales que lo único que quieren es volver al pasado, volver al caos, al desorden, lo que traerá como consecuencia la exterminación de los recursos pesqueros, es irresponsable anular una ley, y dejar sin regulación las pesquerías ya sobreexplotadas de nuestro país. Indudablemente que hay que revisar la ley ya que toda ley es perfectible”