Dirigente de la pesca artesanal acusa persecución política de parte de la...

Dirigente de la pesca artesanal acusa persecución política de parte de la intendencia de Tarapacá

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Preocupación existe en el sector pesquero artesanal luego que en la mañana de ayer procedieron a detener y realizar el control de detención a un reconocido dirigente de la región de Tarapacá, Alberto Olivares, quien es parte de la directiva de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de Iquique y presidente del Sindicato de caleta Caramucho,  en la región de Tarapacá, a quien se le acusa de destrozos y desórdenes públicos bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado.

La querella, de la cual se hace parte no solo la fiscalía sino también la Intendencia de Tarapacá, es considerada por el asesor legal del imputado, Gonzalo Moya, como desmedida y falsa, puesto que las pruebas que existen no determinan la participación de Alberto en los hechos, dado que la persona que indican aparece en la fotografía no corresponde a las características físicas ni al lugar donde se encontraba el dirigente cuando ocurrieron los hechos, situados el 30 de octubre del año 2019, en las afueras de la caleta Guadiamarina Riquelme.

“Creemos que en términos jurídicos, se induce al error de los medios de comunicación al formalizar a un total de 10 imputados por desórdenes (barricadas) en la vía pública y robo con intimidación; no haciendo distinción entre unos y otros, provocando un daño moral a quienes no participaron de los hechos”, señaló el asesor.

“Además, la interpretación de las pruebas ha sido negligente y las medidas cautelares desproporcionadas, ya que en su calidad de dirigente de la pesca artesanal, reconocido en la región, ha liderado diversas movilizaciones en la ruta costera de acceso al Puerto, con el fin de lograr mejores condiciones y leyes para el sector pesquero artesanal al que representa, por lo que creemos se trata más de una una persecución política que de una acusación con fundamentos”, agregó Moya.

Además, “las medidas cautelares aplicadas, como arraigo nacional, reclusión nocturna y prohibición de participar en manifestaciones y protestas, invalidan al señor Olivares de seguir desarrollando sus labores como dirigente y pescador artesanal, por lo que estamos trabajando para revocar la medida y llamar la atención sobre la incautación del teléfono celular, fuente de información vital para sus actividades dirigenciales”, finalizó el abogado.