Por Alex Muñoz, Vicepresidente de Oceana para Sudamérica *
Fuente: diario La Tercera
La corrupción en la tramitación de la Ley de Pesca indigna y la pone en entredicho. Su revisión es indispensable.
Pero ¿qué es exactamente lo viciado por el cohecho de parlamentarios por parte de empresas pesqueras? ¿Toda la normativa pesquera?
No. El vicio se refiere principalmente a la entrega de cuotas individuales de pesca por veinte años renovables automáticamente de forma gratuita a las mismas empresas que han pescado históricamente en Chile. Esto fue lo que realmente motivó el lobby del sector pesquero, llegando algunos como Corpesca a pagar a parlamentarios para representar sus intereses en el Congreso.
La llamada Ley Longueira prorrogó una ley existente desde el año 2000, impulsada por los democratacristianos Jorge Rodríguez Grossi y Felipe Sandoval (hoy presidente de SalmonChile), asociados con los senadores Zaldívar en el Congreso. Este sistema es el que sostiene el negocio de la pesca como se conoce hoy.
La discusión parlamentaria, sin embargo, no se trató simplemente de una pugna entre la industria y pequeños pescadores, sino más bien de un enfrentamiento entre dos facciones de la industria, ambas igualmente interesadas en quedarse con los recursos pesqueros de Chile. La que ganó, compuesta por grupos tradicionales que defendían el criterio de asignación de cuotas en base a su “captura histórica”, y la que perdió, que defendía la licitación de las cuotas para ingresar al mercado, especialmente de la harina de pescado.
Si hubiera ganado la facción de la industria que abogada por la licitación, ¿tendríamos recursos pesqueros más saludables?
No. Se trata simplemente de una forma distinta de asignar las cuotas de pesca, ya no entregadas por derechos históricos sino al mejor postor, con miras a la entrada encubierta de empresas extranjeras al sector pesquero chileno.
El sector de la industria pro-licitación desplegó un lobby igual de brutal y también contó con parlamentarios como voceros de sus intereses que recitaban sin pudor sus minutas en las comisiones, pago de agencias de comunicaciones y lobby que vendieron sus contactos políticos, lanzamiento de campañas por redes sociales disfrazadas de causas ciudadanas, además del pago de viajes a dirigentes pesqueros para apoyar la licitación. No hay nada de loable en este grupo por sobre el otro.
Pocos proyectos de ley son capaces de movilizar tal cantidad de recursos para que el Congreso favorezca el interés privado. Una discusión tan viciada no puede resguardar el bien común y, por lo tanto, su resultado es ilegítimo, con asignación por captura histórica o con licitación.
La revisión de este punto central, ya sea por la vía de la nulidad o reforma, es necesaria. Y la manera de hacerlo es reconociendo en la ley la propiedad del Estado sobre los recursos pesqueros. Las cuotas de pesca – cualquiera que sea el mecanismo de asignación – deben ser, a lo más, una medida de ordenación o autorización revocable para efectuar una actividad y no un derecho de propiedad de los pescadores sobre los peces. De revocarse la cuota o cambiar el sistema, las empresas no deben tener derecho a indemnización ya que no se trata de un derecho adquirido sino de una simple autorización del Estado para pescar. Este cambio permitiría al Estado administrar los recursos pesqueros con autoridad, sentido de oportunidad y sirviendo al interés público.
La asignación propiamente tal debiera ser a través de una subasta que premie no sólo a los que paguen más sino a los que tienen comportamientos más amigables con la conservación de los recursos marinos. Las cuotas deberían otorgarse por plazos cortos, de no más de tres años, para que, luego de transcurridos, se vuelva subastar, premiando a aquellos cuyo comportamiento es más cuidadoso, tal como se premia a un arrendatario que cuida el inmueble en el que vive o, de lo contrario, arriesga el término de su contrato.
¿Es esto suficiente para recuperar la pesca en Chile?
No. Lo único que puede contribuir a ese fin es un buen manejo pesquero. Y en eso la actual Ley de Pesca – sí, la actual – tiene muchas más herramientas que antes, por lo que si es bien utilizada, le daría viabilidad en el largo plazo a este sector de la economía.
El 2013 se introdujeron reformas fundamentales que no se pueden perder. Algunos ejemplos. Primero, la determinación de las cuotas globales de pesca (cuántas toneladas se pueden capturar entre todos los pescadores) hoy se hace de acuerdo a recomendaciones científicas y no por los mismos beneficiados, como ocurría antes. Segundo, se protegieron todos los montes submarinos de la pesca de arrastre, la cual arrasó con varios ubicados en la zona del Archipiélago de Juan Fernández. Tercero, se obliga a la elaboración de planes para reducir la captura incidental de especies sin valor comercial, así como de la práctica de arrojarlas al mar, muertas o moribundas. Cuarto, se creó la figura de los planes de recuperación pesquera que, si son serios, permitirán la reconstrucción de importantes pesquerías como el jurel y la merluza. Todas estas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad por el Congreso.
Lamentablemente, el Gobierno no ha usado bien estas normas. La ley es como una caja de herramientas que se pueden usar bien o mal, o sencillamente no usarse. Esto es lo que ha ocurrido. A pesar de cumplirse el plazo para tener planes de recuperación pesquera, hoy no contamos con ninguno. Las cuotas globales de pesca están siendo otorgadas en los niveles más riesgosos de acuerdo a los informes científicos.
Aparte de esta inacción del Gobierno, queda mucho por delante para incorporar a la ley. Se debería definir un cronograma para prohibir definitivamente la pesca de arrastre de fondo en Chile. Especies como el jurel deberían estar destinadas solamente al consumo humano y no a la harina de pescado. Y se debe combatir frontalmente la pesca ilegal.
En una discusión teñida frecuentemente por el populismo, la falta de precisión sobre los aspectos viciados, no ha permitido ver los avances y ni centrarse en los cambios pendientes. Para ser claro: no puede no haber Ley de Pesca. Por viciado que esté un aspecto de la ley, necesitamos reglas para que los actores pesqueros tengan límites. El cuestionamiento a esta normativa debe ser una oportunidad para discutir con altura de miras cuáles son las medidas realmente necesarias para tener una actividad pesquera sustentable en el tiempo, recuperando el rol del Estado como dueño y administrador de los recursos y distribuyendo con justicia los permisos de pesca esencialmente revocables entre los distintos actores.
(*) Sobre el autor
Alex Muñoz, vicepresidente de Oceana para Sudamérica. Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Master en Derecho Internacional y Comparado de la George Washington University Law School (2005). Entre el año 2003 y 2004, trabajó como abogado en la oficina de Oceana para Sudamérica. Antes de volver a formar parte de la organización en enero de 2008, se desempeñó como Coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. A través de su carrera, ha trabajado con diferentes organizaciones no gubernamentales y organismos del Estado para promover diversas materias de interés público, como la libertad de expresión, la protección del medioambiente y la defensa de los derechos de las mujeres y su lucha contra la violencia doméstica. Fue uno de los abogados que lideró el caso “La Última Tentación de Cristo”, llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que implicó la eliminación de la censura cinematográfica en Chile.