Un nuevo revés sufren hoy los pescadores artesanales de Caldera tras la postergación de la concesión marítima de la caleta donde desarrollan su actividad pesquera, justo en momentos en que parecía inminente y definitiva, ya que contaba con la firma del decreto por parte del Ministro de Defensa, José Antonio Gómez y fuera notificado a los pescadores por la Capitanía de Puerto de la ciudad, con el visto bueno de la Contraloría General de la República.
Según señaló el presidente de la Corporación de pescadores artesanales de Caldera, Miguel Ávalos, la alcaldesa de la ciudad, Brunilda González, habría recurrido a sus influencias políticas dias antes de la toma de razón por parte de la Contraloría, solicitando la concesión de la caleta, logrando con ello paralizar el proceso y desestimando la decisión tomada por el gobierno para la entrega definitiva de la administración de la infraestructura del puerto pesquero artesanal a los pescadores.
Ante lo anterior, la Corporación presentó un recurso de protección en la corte de apelaciones de Copiapó, en contra de subsecretaria de la Fuerzas Armadas como recurrente y la gobernación marítima de Caldera, por las presuntas irregularidades en el proceso.
El dirigente señaló que un proceso de concesión dura a los menos un año, tiempo que demoraron ellos para tener todos los antecedentes solicitados para acceder al trámite. «¿Cómo se puede explicar que el municipio en dos días haya podido presentar los antecedentes y completar la petición?”.
“Estamos al final de un gobierno que puso toda su atención en entregarle la infraestructura y los derechos de los espacios costeros a la pesca artesanal y aún así, autoridades de su misma coalición se van en contra de los pescadores, con el objetivo de pagar favores políticos y electorales”, subrayó.
“Esperamos que a poco andar recibamos noticias positivas respecto a este tema y se nos dé una señal de confianza, porque aquí se han pasado por alto todos los conductos regulares, todas la leyes y nos parece que hay una falta a la probidad de las autoridades políticas. Es triste que tengamos que judicializar un tema que debió ser un aporte al desarrollo del sector pesquero artesanal, al igual que verlo entrampado por intereses políticos y partidistas”, concluyó Ávalos.